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Juez falla a favor de acciones de la Profepa en el Río Atoyac
Por:  / 4 abril, 2017
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva del amparo que interpuso un particular, por presunta omisión de las autoridades responsables de verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de residuos contaminantes a los cuerpos de agua que integran la Cuenca Hidrológica Río Atoyac.

El juez determinó lo anterior después de que la Profepa entregó un reporte completo al Poder Judicial de las acciones que la institución ha realizado en la cuenca del Atoyac respecto de empresas y municipios que, por acción u omisión, generan afectaciones adversas en los elementos naturales.

En ese sentido, informó que en el periodo de enero de 2015 a febrero de 2017, realizó 945 visitas de inspección a 690 establecimientos de jurisdicción federal, y ejerció una acción colectiva difusa en contra de 38 municipios aledaños al Río Atoyac en el estado de Tlaxcala.

Dichos Ayuntamiento son: Apizaco, Xaltocán, Yauhquemecan, Ixtlacuixtla de Mariano Matamoros, Panotla, Tzompantepec, Santa Cruz Tlaxcala, Amaxac de Guerrero, Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala, Cuaxomulco, Totolac, San José Teacalco, Contla de Juan Cuamatzi, Chiautempan, San Damian Texoloc, Tepetitla de Lardizabal, Santa Ana Nopalucan, Magdalena Tlaltelulco.

También San Francisco Tetlanohcan, Nativitas, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tetlatlahuca, Tepeyanco, Santa Apolonia Teacalco, San Jerónimo Zacualpan, Teolocholco, San Juan Huactzinco, Zacatelco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, San Lorenzo Axocomanitla, Santa Cruz Quilehtla, San Pablo del Monte, Santa Catarina Ayometla, Papalotla de Xicohténcatl, Mazatecochco de José María Morelos, Xicohtzinco, Tenancingo y los que resulten responsables.

En un comunicado, la Profepa precisó que su titular, Guillermo Haro Bélchez, emitió el pasado 29 de enero la recomendación número PFPA/1/2C.5/002/2015, con el objeto de buscar la intervención institucional de los municipios de Puebla y Talxcala para hacer compatibles la Política Ambiental Nacional, Estatal y Municipal, y la prevención y control de la contaminación del Río Atoyac, en la parte que competa a su jurisdicción.

Destacó que el artículo 1° Constitucional ordena a todas las autoridades del Estado mexicano a prevenir, investigar y reparar las violaciones a los derechos humanos, entre ellos las afectaciones ocasionadas por el daño y el deterioro ambiental.

De igual manera, la Carta Magna ordena a todas las autoridades administrativas determinar la responsabilidad de quienes ocasionan afectaciones al entorno.

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