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Moreno Valle ensaya el maximato en Puebla, seguirá controlando al gobierno del estado
Por:  / 11 febrero, 2017
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Aunque el 31 de enero concluyó su sexenio, el panista Rafael Moreno Valle mantendrá, por los siguientes dos periodos gubernamentales, el control de las estructuras institucionales, jurídicas y políticas de la entidad.

De acuerdo con analistas, el ahora exmandatario mantiene a incondicionales suyos en secretarías clave del gabinete de su sucesor Antonio Gali Fayad; en el Congreso local, Supremo Tribunal de Justicia (STJE), Fiscalía General, Auditoría Superior del Estado, Instituto de Transparencia, instituciones electorales y de derechos humanos, entre otros.

Además, las leyes fueron modificadas durante su administración para que los actuales encargados de las instituciones tengan garantizada su permanencia por los próximos dos periodos gubernamentales, lo que muchos ubican como un maximato.

De hecho, algunos columnistas consideraron que este “entramado institucional”, además de blindar al exmandatario le permitirá sacar adelante su supuesto proyecto de lanzar a su esposa, Martha Erika Alonso, actual secretaria general de PAN, como candidata a suceder a Gali Fayad, quien sólo durará en el cargo un año y 10 meses.

“En el estado de Puebla viene configurándose un maximato, es decir un periodo de tiempo en el cual el gobernador saliente Rafael Moreno Valle será el hombre fuerte o la figura política principal que marcará el devenir de los siguientes dos gobiernos”, escribió el columnista Rodolfo Ruiz, director del periódico digital e-Consulta.

“Uno de los propósitos del maximato morenovallista es construir desde ahora un entramado político e institucional que facilite la nominación de su esposa, Martha Erika Alonso Hidalgo, al gobierno del estado en 2018 como candidata del PAN o de una coalición de partidos”, aseguró en su columna La Corte de los Milagros.

En el último día de la administración morenovallista, tres magistrados fueron designados por el Congreso, entre ellos Israel Mancilla Amaro, quien fue funcionario estatal, representante del PAN ante órganos electorales y operador político de Moreno Valle.

Los otros nombramientos recayeron en Marcos Moreno Gavaldón, exdirector de asistencia jurídica en el DIF estatal, y Héctor Sánchez, quien fue síndico del ayuntamiento de Puebla durante la administración de Gali Fayad.

En el caso de Moreno Gavaldón, el Congreso incluso modificó días antes la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para que pudiera ser designado, aunque no cumplía el requisito de haberse separado un año antes del cargo que ocupaba como coordinador jurídico de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social.

Según el columnista de La Jornada de Oriente, Fermín Alejandro García, tanto Mancilla Amaro como Moreno Gavaldón fueron “amadrinados” por la esposa de Moreno Valle.

“Parecería que se quiere mandar el mensaje de que Martha Erika Alonso empieza a ejercer un poder político especial, previo a su posible designación de candidata del PAN a la gubernatura para el 2018”, escribió.

Durante el sexenio que concluyó este martes 31 de enero, fueron sustituidos 16 de los 24 magistrados que conforman el STJE, y siempre los cargos recayeron en personas ligadas al ahora exmandatario, como fue el caso del actual presidente del Poder Judicial, Roberto Flores Toledano, quien no era abogado penalista y más bien litigaba en materia fiscal en la Ciudad de México.

Asimismo, está el caso de Roberto Grajales Espina, quien fue nombrado magistrado pese a que carecía de experiencia en el medio judicial, pues ni siquiera la tenía como abogado litigante y más bien fue operador político durante la campaña a la gubernatura en 2010.

En la sesión en la que fueron electos los magistrados, el diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), Julián Peña, consideró que con el nombramiento de sus allegados Moreno Valle busca blindarse ante el posible riesgo de ser procesado por asuntos que dejó pendientes, como es el caso de la mega deuda, estimada en más de 75 mil millones de pesos.

Y apenas en enero, el Congreso local aprobó una reforma para dar facultades a los magistrados a fin de que puedan reelegir a Flores Toledano como presidente del Tribunal por un periodo de ocho años más, por lo que seguiría en el cargo hasta el 2025.

Doble blindaje

Víctor Carrancá Bourguet, fiscal general del Estado, quien ocupó el cargo de procurador desde el arranque del sexenio morenovallista, se mantendrá en funciones hasta 2022, luego de que fue ratificado tras la homologación del sistema penal local con el federal.

Durante todo el sexenio, organizaciones sociales y actores políticos acusaron a Carrancá de armar averiguaciones a modo para perseguir a todo aquel que disintiera de Moreno Valle. Se le acusa de haber fabricado expedientes a los más de 300 presos y perseguidos políticos que hubo en el sexenio.

Situación similar es la de David Villanueva Lomelí, auditor superior estatal, quien acaba su periodo hasta 2019 y tendrá opción de reelegirse por siete años más, es decir, hasta 2026. En distintas ocasiones los alcaldes poblanos han acusado que la Auditoría es utilizada como “garrote político”.

También es el caso del exedil de Puebla capital, el panista Eduardo Rivera Pérez, contra quien se inició un proceso de responsabilidad por supuestos malos manejos. El panista asegura que existe un trasfondo político en esa acusación, luego de que supuestamente Moreno Valle lo considera un “peligro” para el proyecto político que tiene el exmandatario por la gubernatura en 2018.

Villanueva Lomelí es yerno del exgobernador Melquiades Morales, sexenio en el que Moreno Valle fue secretario de Finanzas y el ahora auditor estatal fue su colaborador.

Así el 27 de enero pasado, cuando aún no concluía el sexenio, el Congreso aprobó la cuenta pública del último año de Moreno Valle.

Adolfo López Badillo, quien fue nombrado en 2011 como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue ratificado por el Congreso para desempeñar el cargo hasta el 2019.

Igual Badillo ha sido constantemente acusado por organizaciones sociales y promotores de actuar sólo para proteger los intereses del Ejecutivo estatal y no para resguardar los derechos humanos de los ciudadanos.

Gabriela Sierra Palacios, quien es cercana a la esposa de Moreno Valle, fue electa en enero como presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIP). Será comisionada del órgano de transparencia hasta 2022.

Los otros dos integrantes Laura Marcela Carcaño Ruiz y Carlos Germán Loeschmann Moreno, igual son señalados de tener vínculos con Moreno Valle.

Aparte de esto, en los últimos días de la gestión de Moreno Valle, el Congreso aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, que prevé el nuevo Tribunal Administrativo, instancia encargada de resolver quejas sobre abusos que cometan servidores públicos.

Los magistrados de este tribunal “anticorrupción” estarán en el cargo por 15 años y, aunque aún no han sido nombrados, se da por hecho que el ahora exmandatario intervendrá en su designación.

Igual, ya cuando se iba, Moreno Valle entregó 29 fiats a notarios públicos, que en su mayoría fueron asignadas a personas allegadas a su gobierno.

Es el caso de la ahora senadora Patricia Leal y los diputados locales Othilio Hernández Calderón y Manuel Pozos Cruz, así como Alejandra Maupomé Cajigal, esposa de Roberto Moya Clemente, quien era jefe de la oficina del gobernador, y María Elena Torres Machorro, exfuncionaria del DIF estatal, entre otros.

La herencia

Por si esto fuera poco, buena parte del gabinete morenovallista se mantendrá en funciones durante la gestión de Antonio Gali Fayad, quien por cierto fungió como secretario de Infraestructura durante los primeros tres años del sexenio, antes de ser electo alcalde de Puebla.

En cinco secretarías fueron ratificados los mismos funcionarios que fueron nombrados por Moreno Valle: en la General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano; en Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado; en Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren; en Desarrollo Social, Gerardo Islas, y en Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña.

También conservan los mismos cargos los titulares del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), Gustavo Gaytán Alcaraz, y del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Jorge Benito Cruz Bermúdez.

En la Coordinación de Agenda Digital y Comunicaciones fue nombrado Marcelo Almaguer, quien ocupó ese mismo cargo durante el pasado sexenio hasta 2015. Almaguer fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por promover de manera extraterritorial la imagen de Moreno Valle.

José Villagrana Robles, quien era subsecretario de Administración, fue nombrado secretario de la Contraloría estatal; Martha Vélez Xaxalpa, quien ocupaba la Subsecretaría de Obra Pública y Comunicaciones con el gobierno morenovallista, fue nombrada secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes.

Jesús Morales Rodríguez, quien era coordinador de Protección Civil, es ahora secretario de Seguridad Pública. Fernando Morales Martínez, hijo del exgobernador Melquiades Morales y quien era subsecretario de Desarrollo Político y Participación Ciudadana en el sexenio que concluyó, ahora es coordinador de Vinculación Institucional y Participación Ciudadana.

Otro funcionario morenovallista que se integró a la nueva administración es Roberto Rivero Trewartha, quien fue secretario de Salud y ahora es titular de la dirección en Carreteras de Cuota Puebla.

También fue nombrado jefe de la Oficina del Gobernador el senador con licencia Javier Lozano Alarcón, quien igual ha tenido cercanía con el mandatario saliente.

Aparte de esto la actual legislatura, cuya composición es mayoritariamente morenovallista, así como las alcaldías, se mantendrán en funciones por el año y 10 meses que durará en el cargo Gali Fayad, pues fueron electos por un periodo de cuatro años y ocho meses.

El académico de la Ibero-Puebla, Miguel Calderón Chelius, considera que la actuación de Gali Fayad como gobernador estará acotada por el control político que mantendrá Moreno Valle aun después de concluir su sexenio.

También considera que la única diferencia que puede haber es de estilo, pero que el papel de Gali Fayad será el de un administrador que simplemente se encargará de cuidar que la situación que deja Moreno Valle en Puebla no se salga de control a fin de que no afecte su aspiración presidencial.

Control electoral

El morenovallismo también está presente en los órganos electorales de la entidad. El consejero presidente el Consejo Electoral de Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga, ocupó cargos en el gobierno desde el inicio del sexenio que concluyó el 31 de enero y estará en el órgano electoral hasta 2021.

Herrera, antes de ser consejero electoral, fue secretario particular en la Secretaría General de Gobierno (SGG); director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA); director de Investigación para la Formación de Recursos Humanos en el Consejo de Ciencia y Tecnología, y director de Vinculación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.

Otro consejero, Juan Pablo Mirón Thomé, era funcionario de la Secretaría General de Gobierno, donde fue secretario particular de Luis Maldonado Venegas, actual diputado federal por el PRD y uno de los operadores políticos más cercanos de Moreno Valle.,

Federico González Magaña, antes de ser consejero electoral, fue asesor de Moreno Valle en la campaña del 2010 a la gubernatura, y luego se desempeñó como comisionado de la Comisión de Acceso a la Información de Puebla (CAIP), donde fue acusado por bloquear las solicitudes de información que afectaban al mandatario.

La consejera Flor de Té Rodríguez era la titular del área de Transparencia del Instituto Electoral del Estado, y se negó a entregar el expediente del consejero presidente de ese instituto, Armando Guerrero, quien dejó el cargo cuando quedó al descubierto que falsificó su cédula profesional.

Situación similar ocurre en el Tribunal Electoral del Estado, donde el Senado designó a tres magistrados que igual tenían relación con la administración de Moreno Valle.

Fernando Chevalier Ruanova, quien será magistrado hasta 2018, trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, y luego formó parte de la campaña del morenovallista Mario Rincón González por la diputación federal.

El magistrado Adrián Rodríguez Perdomo, quien se mantendrá en el cargo hasta 2022, fue director de Asuntos Laborales y Agrarios de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública del gobierno morenovallista.

Jorge Sánchez Morales fue electo como magistrado hasta 2020, y fue consejero presidente del extinto Instituto Electoral del Estado en el periodo 2006-2012, cuando le tocó organizar los comicios en los que resultó ganador Moreno Valle.

En los pasados comicios locales ambos órganos electorales fueron puestos en evidencia en numerosas ocasiones, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo que enmendarles la plana en más de 10 ocasiones por las resoluciones adoptadas.

Las entonces candidatas a la gubernatura Roxana Luna Porquillo y Ana Teresa Aranda acusaron tanto al Instituto como al Tribunal Electoral de Puebla de actuar por consigna del entonces mandatario poblano.

Ambos órganos seguirán vigentes en los próximos comicios locales que se llevarán a cabo en 2018, donde se renovará el Congreso, las 217 alcaldías y la gubernatura por un periodo constitucional de seis años.

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