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La raptan, la embarazan y… le niegan el derecho a abortar
Por:  / 25 julio, 2016
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Myaabogados

Pasaron 17 años del caso Paulina y la experiencia vuelve a repetirse, ahora en Baja California Sur, donde una joven de 18 años de edad fue víctima de rapto y violación, pero los servicios de salud en la entidad le negaron el derecho a interrumpir legalmente su embarazo.

Paulina, la niña de 13 años que fue violada en Baja California, sentó un precedente para las víctimas de delitos sexuales en México.

En 1999, cuando ocurrió la agresión en su contra, ya se contaba con el derecho de abortar por ser víctima de violación. No obstante, autoridades estatales y asociaciones civiles como Provida le negaron ese derecho al anteponer ideologías conservadoras y religiosas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso de Paulina y logró un acuerdo amistoso que firmó el Estado mexicano para no repetir hechos de esa naturaleza. Además se elaboró la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para la prevención y atención de víctimas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

A 17 años de esa agresión, una joven jornalera de 18 años de edad, que proviene de una familia migrante y vive en situación de pobreza, fue raptada y violada por un hombre mayor que ella.

En entrevista telefónica, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, confirmó que al denunciar su caso la joven fue revictimizada por funcionarios y funcionarias que trabajan en el Ministerio Público de La Paz, y por personal de la Secretaría de Salud de la entidad.

De acuerdo con Toba Camacho, los derechos que le negaron son a la salud, a la interrupción legal del embarazo y a su testimonio, entre otros.

El ombudsman estatal narró que la joven fue obligada a ampliar su denuncia porque los funcionarios del Ministerio Público (MP) “tenían dudas” sobre las fechas en las que fue violada.

Entonces la joven admitió que antes del rapto y violación que denunció ante el MP, el mismo sujeto ya había abusado de ella anteriormente, pero no lo delató en su momento.

El presidente de la CEDH de Baja California Sur precisó que por el momento la investigación permanece abierta, pero no descartó que emita una recomendación a la Secretaría de Salud estatal y al MP.

Por separado, la senadora Martha Tagle criticó el desconocimiento por parte del personal de salud respecto de la NOM 046 que los obliga a brindar atención a las víctimas de violencia sexual y a practicar la interrupción del embarazo de manera segura.

Asimismo, recordó que a la fecha hay varias propuestas de controversias constitucionales por la Norma, lo que significa un retroceso para las personas abusadas sexualmente.

La semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió tres puntos de acuerdo dirigidos (los dos primeros) al procurador de Justicia del estado de Baja California Sur, Erasmo Palemón Alameda Villeda, para que aplique sanciones a todos los funcionarios públicos que obstaculizaron o negaron los derechos a la joven jornalera, y para que en lo sucesivo se garanticen los derechos de las víctimas de violencia sexual.

Además, solicitó a la directora del Instituto Sudcaliforniano (ISM) de la Mujer, Cristina Herrera, que investigue y sancione al personal que otorgó información sesgada a la víctima.

Y es que, según el resumen del caso, un abogado del área jurídica del ISM realizó varias llamadas a la joven para persuadirla de no abortar, ya que en la entidad esa práctica, le dijo, es un “delito”.

En su artículo 156, el Código Penal del estado establece como causal el aborto por violación.

“Las y los prestadores de servicios de salud y otros funcionarios públicos deben estar conscientes de que el acceso de las mujeres a la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho humano y como tal no está a discusión ni depende de las creencias particulares. El acceso a la interrupción del embarazo por violación es un principio fundamental de respeto a la autonomía de las mujeres”, concluyeron los senadores firmantes de los acuerdos: Martha Tagle, Diva Hadamira Gastélum, Angélica de la Peña, Jesús Casillas Romero y Gabriela Cuevas Barrón.

En la cronología de hechos de la Comisión Permanente se precisa que la joven acudió el 25 de marzo pasado a interponer su denuncia ante el Ministerio Público de La Paz.

Ahí, una funcionaria especializada en delitos sexuales tomó su declaración y no le suministró antirretrovirales (para prevenir infección por VIH), ni le proporcionó información sobre la interrupción legal del embarazo a la que tenía derecho, como lo establece la Ley General de Víctimas, el Código Penal vigente en el estado y la NOM-046.

“Por el contrario, la MP le comentó que si estaba embarazada y se llegaba a hacer algo o a tomar hierbas para abortar, el aborto es un delito y se le iba a perseguir por ello”, destaca el documento de los senadores.

La joven solicitó una prueba de embarazo, y al recibir el resultado positivo, la agente del MP le explicó que el aborto “es un delito”, pero que podía dar en adopción al “bebé” y que la podían contactar con la asociación civil Provida que se encarga de adopciones en esos casos.

“A la joven víctima se le practicaron entrevistas psicológicas, cuatro ultrasonidos y dos exámenes médicos en relación a su estado de embarazo, pero la MP no solicitó la interrupción del embarazo de manera oportuna como debe ser en los casos de víctimas de violación sexual (…) En esas semanas la joven estuvo siendo acosada, incluso llegaron policías ministeriales interrogando y amedrentando a sus padres respecto del ‘delito de aborto’”, se lee en el documento.

Funcionarios del área jurídica del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer y del Hospital General de la Secretaría de Salud también le hablaron a la joven sobre los “peligros” de practicarse un aborto, haciendo énfasis en que era un delito”, y le dieron información “sesgada” acerca de las consecuencias de una posible interrupción del embarazo, como la “histerectomía (quitar el útero) o posibilidad de muerte”.

Pasaron seis semanas desde que se levantó la primera denuncia de violación a los derechos de la víctima para que el MP solicitara formalmente al Hospital General de la Secretaría de Salud ‘Juan María de Salvatierra’ la interrupción legal del embarazo para la joven.

Finalmente la víctima recibió el apoyo de asociaciones civiles feministas que operan en Baja California Sur y en la Ciudad de México, para ser trasladada a la capital, con pago de viáticos, para practicarle la interrupción legal del embarazo de manera segura.

PUBLICADO EN PROCESO

 

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