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Mafias en penales, con el amparo de los propios funcionarios; Sistema Penitenciario completamente rebasado: Emiliano Álvarez
Por:  / 3 junio, 2016
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Los frecuentes hechos de violencia que se registran al interior de diversos penales –el último de ellos en el de Topo Chico, en Nuevo León- demuestran que el Sistema Penitenciario mexicano está completamente rebasado, “sabemos que dentro de los reclusorios y de los Centros de Readaptación Social, quien manda es la delincuencia organizada porque se establece una cadena de corrupción y extorsión entre los mismos presos, vinculados con las propias autoridades”, declaró el diputado federal Juan Romero Tenorio.

Romero Tenorio subrayó la necesidad de revisar el Sistema Penitenciario mexicano -al que calificó de “corrupto y caduco”- pues la sobrepoblación de los penales, las condiciones de insalubridad, de hacinamiento que tienen, aunado a la falta de programas específicos, no son condiciones que garanticen la readaptación social.

Hizo votos porque la entrada del Sistema Penal Acusatorio privilegie la búsqueda de la conciliación, el convenio u otros en delitos que no agravien a la sociedad, por encima de las penas corporales; es decir, que solamente llegue a la cárcel el delincuente que realmente merezca estar en prisión debido a la gravedad del delito que comete y no como actualmente pasa; “como dice el dicho popular, en la cárcel están quienes no tienen recursos económicos”, agregó.

El también secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público recordó que ha habido varias recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a diversos Centros de Readaptación Social, pero han sido desatendidos, ya que no hay capacidad administrativa o financiera para mejorarlos, además que “cambiar el ambiente se ha vuelto imposible por la corrupción de las mismas autoridades”.

Infraestructura insuficiente

Consultado sobre el mismo tema, el diputado Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que uno de los problemas del penal de Topo Chico –construido hace más de 50 años- es que ha rebasado por mucho su capacidad de albergar delincuentes, pero sobre todo, que no fue construido para reos de alta peligrosidad, pues carece de filtros para poder dividir a los internos (hombres, mujeres e inimputables) lo que genera las condiciones de hacinamiento y favorece que se registren diversos enfrentamientos.

El también integrante de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, que visitó el penal la semana pasada, advirtió que van a seguir sucediéndose hechos similares si no se modifica la infraestructura y agregó que para hacer el lugar funcional, se necesita invertir cerca de 50 millones de pesos.

Aunque dichas obras podrían ser concluidas en tres o cuatro meses, el diputado por Nuevo León subrayó que no es la solución ideal, pero la construcción de un nuevo penal podría disminuir la problemática.

Para la edificación del nuevo centro penitenciario, que estaría ubicado al sur de la entidad, se requiere una inversión de 6 mil millones de pesos. Actualmente se negocia que la mitad del presupuesto sea aportado por la federación y la otra mitad la sufrague el gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez, El Bronco.

“El otro problema que se registra en este, como en todos los centros penitenciarios de nuestro país, son los autogobiernos. Los delincuentes quieren seguir operando y mantener su lógica delictiva desde adentro de los penales”, apuntó el legislador.

Fernández González –también integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional- apuntó que por el déficit de elementos de seguridad, es urgente que los penales sean tecnificados de la mejor manera posible para evitar que un gran número de personal tenga que cuidar a los internos para concentrarlos en el combate a la inseguridad.

A propósito de la discusión de la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales –que, en teoría, será aprobada en el periodo extraordinario de sesiones- y la entrada del Sistema Penal Acusatorio, el regiomontano explicó que los primodelincuentes no serán enviados de manera inmediata a prisión, salvo en delitos graves, lo que contribuirá a disminuir el hacinamiento que existe en los centros de readaptación social.

Sin embargo, reconoció que “tenemos que buscar medidas para que las personas que están por delitos menores tenga un proceso de reinserción fuera de los Centros de Readaptación Social, porque los penales se convierten en verdaderas escuelas del crimen y como están revueltos los reos de alta peligrosidad con los de media y baja, lo único que sucede es que el primodelincuente sale mejor preparado para seguir delinquiendo y no para reinsertarse en la sociedad”.

Cuestionado sobre la pertinencia que la iniciativa privada administre penales, como varias voces lo han propuesto, Fernández subrayó que la iniciativa privada podría participar, a través de las Asociaciones Público Privadas (APP), en la construcción de estos, pero no en su administración.

“No veo a la iniciativa privada trabajando con los internos que, con las nuevas medidas, van a poder trabajar y devengar un salario. El Estado tiene que hacerse responsable de esto, no en todos los temas puede participar la IP. No los veo administrando Centros de Readaptación Social y me parecería muy peligroso porque podrían considerar, incluso, la posibilidad de regresar a una esclavitud moderna porque no vamos a saber qué es lo que está sucediendo con los internos bajo una S.A”, concluyó.

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