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Montemayor: del Pemexgate a contratista de la CFE
Por:  / 19 mayo, 2016
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Poco después de iniciar la administración de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tomó en sus manos la contratación directa de carbón mineral en Coahuila para alimentar dos carboeléctricas cercanas a la frontera.

En diciembre pasado, con la promesa de evitar la corrupción y los excesos de gobierno estatal, la CFE realizó una subasta electrónica, que terminó por afianzar el coyotaje y el favoritismo político.

En la lista de los ganadores de esa licitación destaca un tecnócrata de la década de los noventa: Rogelio Montemayor Seguy, protagonista del escándalo de corrupción por el desvío de recursos al sindicato petrolero para financiar la campaña del PRI en el año 2000, que el gobierno de Vicente Fox quiso convertir, de manera inútil, en ejemplo del cambio que él encabezaba.

Otros de los beneficiarios son Alfonso González Garza, socio de Montemayor, y sus hermanos, a pesar de que en el historial de su sociedad con los Montemayor carga con la muerte de 13 trabajadores y la mutilación de un niño minero en uno de sus socavones colapsado el 3 de mayo de 2011.

En general, los contratos asignados por la CFE favorecen a empresas mineras sin minas, así como a caciques carboneros que obtuvieron fallos pero reportaron lugares distintos a los de su concesión, son dueños de lotes concesionados pero éstos no están operando o bien tienen varias razones sociales en una misma concesión.

Peor aún, además de las concesiones de Montemayor y su socio, en los procedimientos de contratación, presumidos por la propia CFE en comunicados de prensa, al menos hay un concesionario minero sujeto a investigación en 2012 por ser presunto operador de Los Zetas.

Según esos comunicados, la primera subasta electrónica realizada el pasado 13 de diciembre –en la que se asignaron 14 lotes: ocho de 25 mil toneladas de carbón y seis de 50 mil, asciende a más de 400 millones de pesos y que tuvo el acompañamiento de las secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social– resultó un fiasco.

Proceso solicitó una entrevista a la CFE, a fin de conocer el procedimiento. Hasta el cierre de edición la dependencia no había respondido.

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