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Impunidad y protección para funcionarios públicos acusados de corrupción en el gobiermo morenovallista.
Por:  / 18 julio, 2015
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Caen dos funcionarios de la Policía Estatal Preventiva acusados por delitos considerados para la ciudadanía como graves, pero hasta el momento, el gobierno de Rafael Moreno Valle, las autoridades de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia y la paraestatal Petróleos Mexicanos, guardan completo hermetismo en torno al asunto, y aún no se sabe el por qué el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas no ha presentado su renuncia. Una respuesta que los poblanos esperan, es algo que se debe aclarar.

Tal parece que en puebla la seguridad pública pasa a segundo término, cualquier ciudadano puede ser víctima de la delincuencia y no pasa nada, cualquier ciudadano que se dedique a delinquir podrá ser detenido por la fuerza policial, remitido, consignado y procesado, además de que se dará a conocer su identidad a través de una fotografía enviada a los medios de comunicación. Pero no así en caso de que sea policía, esa información no trascenderá y la imagen de su persona, mucho menos.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dará a conocer los presuntos delitos que cometa un ciudadano común y corriente, pero cuidado si se trata de un elemento de la corporación, “a callar”, fuera cámaras, fuera reflectores, es compañero, es pareja, dirían en el argot policíaco.

Hechos sin aclarar.

La madrugada del martes pasado 14 de junio, elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y Personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX), aseguraron en la región del municipio de Tepeaca al director de la Policía Estatal Preventiva Marco Antonio Estrada López junto con el Jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Mendoza Lozano, en los momentos de custodiaban un convoy de unidades que eran cargadas con combustible sustraído ilícitamente de un ducto de la paraestatal.

Posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República Delegación del Sexto Circuito, ubicada en Puebla.

Cuando la noticia empezó a filtrarse a los medios de comunicación, se pidieron informes a la oficina de Enlace de Comunicación Social SSP-PGJ, donde se negó que el hecho fuera real, incluso señalaban que el director Marco Antonio Estrada López, estaba laborando normalmente, aunque nadie lo había visto.

Por la tarde el escándalo era inevitable, más sin embargo la SSP calló, pese a que diversos medios de comunicación resaltaban la noticia de que un funcionario de primer nivel de la corporación policíaca estaba ligado a la delincuencia organizada, dedicada al robo de combustible a ductos de PEMEX.
La dependencia continuó callando, no dijo nada que desmintiera la información que fluía en contra de sus dos altos mandos policíacos.

Fue hasta las 20:32 horas, cuando ya no se pudo contener la oleada de información, y sin dar mayores explicaciones, a través de un boletín informativo titulado: “La PGJ Puebla coadyuva con la PGR en la investigación que se sigue a 2 funcionarios de Seguridad Pública Estatal.” El comunicado señalaba la detención de sus dos elementos puestos a disposición del MP Federal, por hechos relacionados con el robo de hidrocarburos.

En el párrafo siguiente destaca: Como medida de colaboración las dos personas fueron separas de sus cargos, agregando que ha compartido información con el área de inteligencia de la PGJ y de la delegación de la PGR, el comunicado tenía la firma de la vocera oficial, Mstra. Cristina Ortiz.
Hasta ahí la información oficial, fue la última, no se volvió a conocer otro detalle oficial sobre el caso.

Información extraoficial.

En el transcurso del miércoles 15 y jueves 16 de los corrientes, trascendió que el ahora exdirector de la Policía estatal Preventiva y el exjefe del GOES, Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, rendían su declaración ministerial en las instalaciones de la Procuraduría General de la República Delegación Puebla, estaban acusados por los delitos de delincuencia organizada y robo de hidrocarburo.

Crece el escándalo e inconformidades.

Originalmente se buscó manejar todo como “una confusión”, trascendiendo que el momento en que fueron detenidos, los policías aseguraron que se encontraban implementando un dispositivo contra una banda de robo de hidrocarburo. Pero, los antecedentes que el Ejército tenía en la zona ubicaban perfectamente la colusión entre uniformados y miembros de la banda.

Extraoficialmente se supo (porque ni la dependencia federal ni estatal han emitido información oficial), que los exfuncionarios en sus declaraciones involucraban al Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosa, indicando que él estaba enterado de la red de corrupción que existía con una banda dedicada el robo de hidrocarburos, incluso se dijo que Estrada López le “rendía cuentas” cada semana, situación que fue dada a conocer públicamente a través de los medios de comunicación, pero las autoridades nuevamente callaron, nadie confirmó y mucho menos desmintieron lo dicho.

No desmintieron lo publicado en la prensa escrita y medios digitales, donde Estrada López señalaba que Facundo Rosas Rosa estaba involucrado en la res de corrupción y de robo de hidrocarburos.

Según mensajes enviados por los propios uniformados estatales, ya se presumía que operaban en San Martín Texmelucan, Tepeaca, Amozoc, Acajete, Nopalucan, Acatzingo, Rafael Lara Grajales y Esperanza, donde se apoyaba con una célula del GOES a la delincuencia organizada para mantener el control de la zona, encubriendo y protegiendo a la banda de “El Gasparín” o “El Gasper”,apoyándolos cuando hacían su aparición grupos federales como el Ejército o la PGR, procediendo a simular operativos improvisados.

En los mismos mensajes trascendió que ya les seguían la pista. “Hasta hubo un enfrentamiento entre militares y Policías Estatales, dos meses atrás. Por eso ya sabían que Marco Antonio Estrada se les estaba saliendo de control. La actividad que tenían en la zona ya tenía rato y a su gente comenzó a dejar de salpicarle el dinero. Ellos fueron los que lo delataron al final”

“De hecho, una semana atrás, Facundo Rosas Rosas presumió la detención de 20 sujetos relacionados con el robo de hidrocarburo y que se había incrementado el patrullaje en las zonas donde ocurría constantemente el delito”.

Abogados de la SSP defienden a policías inculpados.

Posterior a esto, en la información filtrada, se manejó que abogados de la Secretaría de Seguridad Pública tomaron la defensa de los ex altos mandos policiales, destituyendo a los abogados particulares que los acusados habían nombrado, (cosa inusual en este tipo de asuntos) y que dichos abogados negociaban con la PGR, el desechar el cargo de delincuencia organizada.

Al parecer, la estrategia tuvo éxito, pues, trascendió, que la madrugada del jueves17 de junio, Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, fueron consignados ante el Juez Décimo de Distrito, ahora Juzgado Sexto de Distrito, pero sólo por el delito de robo de hidrocarburo, lo que les permitiría obtener su libertad bajo caución, es decir, mediante el pago de una fianza, la cual será fijada por el magistrado encargado del proceso (repetimos, todo es extraoficial) pues oficialmente no se ha dado a conocer la situación jurídica de los detenidos, ni el cauce que guardan las investigaciones federales.

Para mala fortuna de los acusados, la Jueza Segunda Especial para Juicios Orales les negó la libertad bajo caución, así como el beneficio del arraigo domiciliario al ex director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y al ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Mendoza Lozano, quienes solicitaron ampliación del término constitucional para presentar pruebas de su inocencia.

También se supo que Agentes de la Policía Ministerial adscritos a delegación Puebla de PGR y elementos de la SEIDO, catearon el domicilio de Estrada, en la colonia Zaragoza donde encontraron varios vehículos, uno de ellos con reporte de robo, además de que se confiscaron 200 mil pesos en efectivo, así como dólares y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y que previo al cateo, la oficina del ex director de la Policía Estatal Marco Antonio Estrada, fue casualmente “limpiada”.

Elementos de la Policía Estatal, quienes solicitaron la gracia del anonimato, señalaron que previo a dicho cateo, una camioneta blanca llegó durante la noche para vaciar y llevarse todos los documentos, equipo de cómputo y enseres propios que Estrada López guardaba al interior de su despacho de la planta alta del edificio que ocupaba en la corporación estatal en la 9 Oriente y 14 sur.

Otra estrategia de distracción

Como distracción, se filtró inicialmente que en relevo de Estrada López, ex director de la Policía Estatal llegaría Emmanuel Castillo Ruiz, quien laboró como titular de la Dirección General de CERESOS en el gobierno de Oaxaca, pero de quien también se sabía que reprobó en dos ocasiones el examen de control de confianza, situación por la cual se presume se desechó su designación para asumir dicho cargo.

Después de éste impedimento para presentar a Castillo Ruiz, la mañana de ayer jueves 16 de junio, se filtró que Yazmín Márquez Rodríguez, directora de Centros de Readaptación en Puebla, quien ha tenido señalamientos por corrupción debido a que violó el derecho de internos a ser trasferidos a otro reclusorio, sería la encargada de despacho en la Dirección de la Policía Estatal Preventiva. Al parecer la difusión de sus anomalías también le impidieron ser ratificada en el cargo.

Para sorpresa de todos, en forma por inesperada, por la tarde, la Secretaría General de Gobierno, emitió un boletín informativo, dando a conocer que el mayor Alfonso Sánchez Montiel, quien desempeñaba el cargo de director de la Policía Auxiliar, asumiría el puesto de director general de la Policía Estatal Preventiva.

El comunicado resalta que Sánchez Montiel posee el grado de Mayor de Infantería por el Heroico Colegio Militar y también es egresado de la licenciatura de Economía por el Instituto Politécnico Nacional con estudios de maestría en Administración de Calidad en Gestión Pública Local y doctorado en Administración Pública.

A fin de cuentas, la interrogante persiste: Por qué se protege tanto a Marco Antonio Estrada López, por qué la Secretaría de Seguridad Pública no ha emitido una versión oficial sobre los delitos que se imputan al exfuncionario estatal. Pero sobre todo. ¿Por qué el gobierno morenovallista brinda tanta protección a Facundo Rosas Rosa, funcionario de primer nivel, quien debería responder directamente por los subordinados a quienes nombró e impuso para resguardar la seguridad pública?

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