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Desapariciones forzadas son una política de Estado; “se cometen de forma selectiva contra luchadores sociales y defensores”
Por:  / 3 marzo, 2016
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En México la desaparición forzada es una política de Estado, lo que lo configura como un crimen de lesa humanidad. Por lo menos desde la década de los sesenta, se ha evidenciado el uso de este delito como parte de la estrategia impulsada desde el poder para perseguir a luchadores sociales que se oponen al régimen.

Así lo consideró Nadin Reyes, integrante del Comité de Familiares de detenidos-desaparecidas ¡Hasta Encontrarlos! La defensora de derechos humanos, enfatizó que a la fecha, aunque el Estado insista en que no hay desapariciones forzadas-cometidas en manos de agentes del Estado-, el fenómeno persiste y va en aumento.

“Las desapariciones forzadas son una política de Estado, eso lo tenemos claro. Para nosotros, las desapariciones son crímenes de lesa humanidad. El hecho de que las desapariciones forzadas se den desde los años sesenta, y que a la actualidad los casos se sigan cometiendo, es una forma sistemática de cometer esta violación grave a los DDHH; y es generalizada por el gran número de víctimas que ha cobrado este delito. Por lo tanto si cumple esos dos requisitos, que es sistemática y generalizada, es un crimen de lesa humanidad”, dijo al participar en el foro “Desaparición forzada, una realidad vigente”.

Reyes Maldonado, hija del luchador social, Edmundo Reyes Amaya, detenido- desaparecido por policías y militares en el año 2007, enfatizó que a pesar del tiempo, la persecución política a través de la desaparición continúa.

“Quiero destacar esta parte sistemática de las desapariciones. A pesar del tiempo, esta práctica de persecución política, de criminalización, se mantiene en contra de activistas, defensores de DDHH y luchadores sociales

Esto es importante señalarlo, porque aunque el Estado diga que no se cometen desapariciones forzadas, y que no se cometen de manera selectiva en contra de activistas y luchadores sociales, eso es mentira, y el caso Ayotzinapa y el de nuestros familiares son un claro ejemplo de esa persecución que aún se sigue dando en contra de quienes deciden organizarse y luchar en  defensa de sus derechos humanos por la vía que sea”, sentenció.

Nadin Reyes recordó el contexto en el que se dio la desaparición de su padre, Edmundo Reyes Amaya, y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ambos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Apuntó que este par de luchadores sociales fueron detenidos-desaparecidos el 26 de mayo de 2007 en Oaxaca, justo cuando se encontraba la persecución en contra del magisterio y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

“El caso se  deriva del conflicto magisterial en 2006, concretamente contra la APPO; comenzó una persecución contra activistas que el gobierno pensó que participaron en el movimiento.

Cualquiera que sea la vía de lucha, no es justificación para que el Estado los desaparezca. Igual no hay justificación para que se desaparezca a nadie en este contexto, sean jóvenes, estudiantes, hombres, mujeres, obreros, campesinos, el Estado no tiene por qué desaparecer a las personas, se supone que por eso tenemos un marco legal y existe un Estado de derecho para juzgar a las personas si cometieron algún delito (…) la gravedad es mayor cuando el Estado decide desaparecer a una persona por su lucha, por su exigencia de respeto a sus derechos”, destacó.

“El Estado no tiene la voluntad para buscar a nuestros familiares”

Reyes Maldonado criticó la posición del gobierno ante los casos de desaparición. Lamentó que las autoridades no tienen la voluntad de emprender la búsqueda de las personas desaparecidas. Dijo que en este contexto, las familias deben tomar la iniciativa ante la omisión de la autoridad.

“En el camino nos hemos dado cuenta que hay miles de casos, por eso nos orilló a organizarnos. Vimos que en todo el país había muchos casos, en Oaxaca, en el mismo año que desapreció mi papá y su compañero, desaparecieron las compañeras Daniela y Virginia; Lauro Juárez, indígena triqui; el profesor Carlos Rene y un sinfín de activistas. Nos dimos cuenta que era un patrón que se estaba dando de persecución y criminalización tan sólo en dicha entidad.

“La necesidad de exigencia, de buscar justicia, nos ha orillado como familiares a realizar cosas que no imaginábamos, obligadas porque el Estado no tiene la voluntad política para buscar y mucho menos para investigar a los responsables de cometer este crimen”, expuso.

Recordó que en el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez hay una resolución emitida por un Tribunal Colegiado, en donde se ordenó abrir los cuarteles militares para buscar a los luchadores sociales; además que mandata a las autoridades citar a declarar a militares, sin embargo, dijo, a casi dos años de darse a conocer aún no es cumplida.

“El caso ganó una resolución judicial en junio de 2014, y esta resolución lo que dice es que tiene que buscarse a mi padre y su compañero en instalaciones militares, y que tiene que citarse a declarar a altos mandos, tanto de Sedena, como de del Cisen. Ha sido un logro. Pero cuál ha sido la respuesta: como se trata de militares, que es lo más alto que el Estado siempre ha protegido y no ha querido sancionar, esta resolución se encuentra en desacato”, denunció.

Nadin Reyes llamó a solidarse con las víctimas, sobre todo en el contexto de crisis de derechos humanos que se vive.

“Exigimos ley general de desaparición acorde a estándares internacionales”

Zita Loyo, integrante de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, habló sobre la importancia de contar con una ley en materia de desaparición que se apegue a los más altos estándares internacionales

De cara a la aprobación de una legislación que permita atender la problemática, la abogada recordó que en el pasado septiembre, las organizaciones integrantes de la campaña presentaron una iniciativa de ley en el Senado, la cual fue redactada desde las sociedad civil y las víctimas.

Entre los puntos incluidos en la iniciativa, y que se consideran como mínimos para una legislación de esta índole, se encuentra la correcta tipificación del delito de desaparición forzada y de desaparición cometida a manos de particulares, en aras de sancionar correctamente el delito.

Además hizo mención, que se incluye la necesidad de definir la figura jurídica de la persona desaparecida, puesto que hoy en día al no existir una regulación en la materia, se presentan conflictos para los familiares al intentar realizar algún trámite que requiere la presencia del familiar desaparecido.

Entre otras cosas, enfatiza la importancia de definir que la desaparición es un delito continuo e imprescriptible, al igual que se especifique de manera detallada que la desaparición forzada es cometida por agentes del Estado, con el objetivo de que no existan lagunas que permitan al Estado escapar de su responsabilidad en la comisión del delito.

Zita Loyo señaló que la iniciativa presentada por la Campaña fue redactada tomando como base recomendaciones que han hecho órganos internacionales al respecto. Advirtió que si el Legislativo aprueba una ley que no cumpla con los requerimientos mínimos para que sea efectiva, se demostrará una vez más la falta de voluntad del Estado para combatir el fenómeno

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