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Urgen activación de alerta de género en Puebla; PGJ se negó a investigar 152 casos como feminicidios
Por:  / 13 julio, 2015
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“La alerta de violencia de género en Puebla es necesaria y urgente”, declaró le diputada federal Roxana Luna Portillo, al señalar que en la entidad gobernada por Rafael Moreno Valle, existen 3 mil 599 mujeres desaparecidas -por cada cien mil habitantes- y que entre 2012 y 2013, la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJ) se negó a investigar como feminicidios, al menos, 152 casos.

La legisladora argumentó que de acuerdo a datos del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, en la entidad poblana, una mujer es asesinada cada semana y cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indican que en todo el territorio nacional, semanalmente, son asesinadas siete mujeres.

“La ciudadanía poblana necesita un conjunto de acciones gubernamentales como un protocolo de desapariciones de mujeres y feminicidios con perspectiva de género, entre otras, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y que garanticen la seguridad de todas”, argumentó Luna Portillo y añadió que “negar una problemática tan grave como la violencia hacia las mujeres, en lugar de actuar para erradicarla, sería negar los reclamos de la gente”.

El pasado 11 de diciembre, varios diputados del sol azteca presentaron un punto de acuerdo para solicitar que la PGJ emprendiera acciones para presentar y consignar ante un juzgado a Javier Mauricio Díaz, exnovio y presunto homicida de Araceli Vázquez Barranco, ante las omisiones de las autoridades locales para garantizar el acceso a la justicia de la familia de Araceli.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem argumentó en el documento que el de Araceli, se trataba de un crimen que “revela el nivel de impunidad con el que se puede asesinar a una mujer en Puebla, así como las omisiones e indolencia de las autoridades estatales, quienes, en un nivel de cinismo exagerado, le han dicho a la madre de Araceli que busque al agresor, que investigue dónde está, a qué hora, qué ropa trae puesta y entonces les llame para agarrarlo”.

Tapia Fonllem resaltó que “la evasión de la responsabilidad por parte del Estado en los crímenes contra las mujeres es una lamentable violación a los derechos humanos”; en esa ocasión, el punto de acuerdo también exhortaba a la Secretaría de Gobernación (Segob), a declarar la alerta de género en la entidad, por considerar que “la situación que enfrentan las mujeres en el estado es alarmante”, pero no se aprobó.

 

Indolencia de la autoridad

La semana pasada, en declaraciones a varios medios de la entidad, Verónica María Sobrado Rodríguez, titular del Instituto Poblano de las Mujeres, sostuvo que no era necesaria la alerta solicitada por las diputadas, a pesar de que reconoció que el año pasado hubo 56 casos de feminicidios y 530 desapariciones de mujeres.

La funcionaria del gobierno de Moreno Valle afirmó que las reformas aprobadas por el Congreso de la entidad, a través de las que se incrementaron las penas, de 40 a 60 años, para quien cometa feminicidio, ayudarán a disminuir este tipo de delitos en el estado.

“Sin duda nos va a ayudar muchísimo porque incluye las diferentes causales que antes no incluía nuestro Código Penal y al momento de atender a alguien era muy difícil para las autoridades poder seguir todo el proceso”, dijo Sobrado Rodríguez y agregó que el gobierno estatal implementa políticas de prevención para atender el tema.

Brahim Zamora Salazar, vocero del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) insistió en la necesidad de analizar los beneficios que para la entidad puede traer la alerta, sobre todo, para disminuir los índices de homicidios violentos, así como otros tipos de violencia contra las mujeres de la entidad.

El Observatorio ha contabilizado 217 feminicidios de 2011 a mayo pasado.

 

El asesinato de Araceli, ejemplo de impunidad

En diciembre de 2014, la Primera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, violentó el derecho a la seguridad jurídica de Amada Barranco Barranco, madre de Araceli Vázquez Barranco, joven asesinada el 13 de noviembre del 2014, en Acajete, a manos de su exnovio Javier Mauricio Díaz.

La determinación se registró luego de la queja interpuesta por Amanda Barranco, en marzo de 2014, consignada en el expediente número 3169/2014-1; sin embargo, la CDH no emitió ninguna recomendación a la Procuraduría, más bien propuso una conciliación que incluye la orden, por escrito, “a quien corresponda, para que se realicen las acciones eficaces, tendientes al cumplimiento de la orden de aprehensión derivada de la causa penal 377/2013 en contra de Javier Mauricio Díaz”.

La resolución señala que la PGJ debe informar a la visitaduría sobre el procedimiento administrativo de investigación en contra de Abraham Fernández González, agente ministerial adscrito a la comandancia de Tepeaca, Puebla, así como a otros servidores públicos que resulten responsables por las omisiones en el caso y que se deben “girar instrucciones por escrito al personal de la Comandancia de la Policía Ministerial de Tepeaca, Puebla, a fin de que durante el desempeño de su cargo se conduzcan con puntual respeto a los derechos humanos”.

Alrededor de las siete de la mañana del 13 de noviembre, Araceli Vázquez Barranco fue asesinada cuando tomaba un baño a escasos metros de donde todavía dormitaba su madre, quien escuchó un grito y al asomarse a la puerta de su cuarto, vio caminar a Javier, de prisa por el patio, hacia la puerta de salida.

Amanda, la madre, corrió apresuradamente al baño y al abrir la puerta, encontró el cuerpo de su hija sobre un charco de sangre; intentó levantarla pero se percató de que había un cuchillo en su espalda y se detuvo. Despertó al resto de su familia y salió corriendo a buscar ayuda a la Presidencia Municipal, ubicada a escasas siete calles de su domicilio, mientras su yerno llamaba por teléfono a la policía y pidió que enviaran una ambulancia.

Al llegar a la casa de la familia Velázquez Barranco, los uniformados se quedaron apostados afuera del baño, a pesar de que los familiares de Araceli les informaron la identidad del agresor y se negaron a salir en su búsqueda porque no tenían la orden para hacerlo.

Vecinos de la joven se organizaron y repartieron fotocopias de una fotografía del agresor en los camiones locales y foráneos de la comunidad, acto que les valió el posterior reclamo de un policía ministerial quien les dijo que lo habían alertado para que escapara. Más de seis horas después del asesinato, personal de la Procuraduría General de Justicia de Puebla levantó el cadáver. A Amanda le tomaron declaración después de 12 horas de lo sucedido.

El cuerpo de Araceli Velázquez Barranco, presentaba al menos seis heridas de arma blanca, dos de ellas letales que le causaron la muerte inmediata: una en el cuello y otra que le perforó el corazón.

La averiguación previa quedó asentada en el expediente número 3197/2013/Tepeaca y fue consignado 16 días después de la agresión.

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