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Transportistas ratifican demanda de juicio político contra César Duarte
Por:  / 20 octubre, 2015
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Concesionarios del transporte urbano ratificaron y ampliaron su denuncia de juicio político contra el gobernador César Duarte Jáquez ante el Congreso local, por presuntos manejos inadecuados de recursos públicos en la compra de 84 autobuses del sistema Vive Bus.

Los empresarios advirtieron que en caso de que su demanda no sea aceptada, acudirán al Poder Judicial de la Federación mediante un juicio de amparo.

Sobre la ampliación de la denuncia, el abogado de los concesionarios, Maclovio Murillo Chávez, pidió la recusación de los diputados Rodrigo de la Rosa Ramírez y Fernando Rodríguez Giner, presidente del Congreso local, debido a que tomaron partido a favor del mandatario, lo que los impide a analizar y resolver el asunto.

De acuerdo con la demanda de los transportistas, el gobierno de Duarte les hizo firmar un contrato por más de 193 millones de pesos para la compra de 84 camiones, pero dicha erogación no estaba autorizada en el Presupuesto de Egresos, sin embargo, mediante manejos indebidos provenientes de aportaciones a fondo perdido que realizó el Banco Mundial (BM), se puso en marcha el proyecto del Vivebús.

Guillermo Favela, consejero de la extinta Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), señaló que hasta ahora nadie los ha apoyado. “Nos han orillado, no somos gente que busque una confrontación política o que busque poner en mal al gobernador, a lo mejor los canales (la denuncia de juicio político) no son lo más adecuados, pero son los únicos que nos han permitido tener”, sentenció.

Ante el secretario de Servicios Parlamentarios, Jorge Neaves Chacón, quien recibió la solicitud de juicio político, los transportistas pidieron que se les señale el día y la hora para ratificar su denuncia, y dieron una dirección para que se les notifique la fecha de audiencia para comparecer.

No obstante, en declaraciones a los medios de comunicación, Rodríguez Giner destacó que la demanda de juicio político quedó sin efecto porque la deuda ya fue pagada y el dinero del gobierno estatal se utilizó para un fin público.

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